ficativamente, pero poco podemos hacer si los conductores las siguen
infringiendo aún aumentando los controles.
Esto implica insistir en el cumplimiento de la norma, comenzando con
la educación desde el primer nivel, tarea que muestra resultados a lar-
go plazo. Paralelamente intensificar los controles que condicionan las
conductas de las personas y generar espacios para permitir el análisis y
el conocimiento de las consecuencias posibles. En este punto juegan un
rol primordial los medios de comunicación y los comunicadores.
Por último el compromiso de todos los sectores involucrados es indis-
pensable ya que el estado por si mismo en cualquiera de sus jurisdiccio-
nes no es suficiente y la sociedad por si a través de sus organizaciones
tampoco, solo obtendremos resultados con el trabajo conjunto.
ACCIONAR CONJUNTO
Dicho esto parece claro que en el ámbito Federal debemos lograr ar-
monizar lenguajes, normativas, acciones y generar sinergias entre todos
los actores para obtener resultados efectivos, eficaces y sustentables
en el tiempo.
Debemos recordar que la seguridad vial siempre fue un tema derivado
al área tránsito de los municipios, casi siempre carentes de personal, de
equipamiento tecnológico y con la finalidad principal del otorgamiento
de la licencia de conducir, de acuerdo a parámetros propios.
En la actualidad la gestión ha integrado la acción de los municipios con
la provincia y se ha sumado este organismo de coordinación que es la
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta verdadera red forma un sistema
nacional de seguridad vial, que se convierte automáticamente en el eje
de este nuevo desafío que nos debe conducir a proponer soluciones a
este flagelo.
Esta política de Estado debe ser inclusiva de los tres poderes que lo
integran y propender a lograr consensos en las fuerzas políticas parti-
darias. Somos nosotros los responsables de promover resultados lo que
implica contar con una estrategia y un plan de acción y con el refuerzo
de las capacidades propias.
Entre otros aspectos a considerar, debemos reconocer que la seguridad
vial debe ser incorporada a la gestión en las agendas de cada jurisdic-
ción como un aspecto prioritario, por cuanto incide en el desarrollo de
la región como tal ya que es una materia multisectorial.
Por lo tanto, debe ser tratada por las administraciones locales, regio-
nales y por ende la administración federal con la participación efectiva
de la sociedad civil para lograr que las sanciones se vean como lógicas
y razonables.
La igualdad de todos ante la ley, así como evitar la sensación de impuni-
dad y de falta de transparencia en el sistema son factores importantes
para su aceptación en la sociedad, esto da fundamento a la necesidad de
fortalecer las redes de gestión dentro de la administración que consti-
tuyan una cadena con eslabones sólidos como son la educación, la pre-
vención, el control, la fiscalización y la sanción, en definitiva la gestión.
La seguridad vial es una política de Estado que estamos construyendo
día a día con un objetivo central que es el de salvar vidas humanas, y
por este motivo con acciones concretas y aplicables a la realidad de
cada jurisdicción debemos apelar a un cambio cultural en la conducta
vial que debe ser el compromiso de todos los argentinos para lograr una
sociedad que respete su vida y la de los que lo rodean.
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* La Dra. Lucila Haidar es vicepresidente del Consejo Federal de Se-
guridad Vial (CFSV), y secretaria general del Ministerio de Gobierno y
Justicia de la provincia de Entre Ríos.
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