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SEGURIDAD
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espués de 2009, cuando
Argentina fue incluida en la
“lista gris” del GAFI, el
Congreso aprobó una serie
de reformas legislativas que
incluyeron la figura penal
del autolavado, el decomiso
sin sentencia y la reserva de identidad
para el testigo o imputado que colabora-
se con la investigación. ¿Es suficiente o
todavía queda un camino por recorrer?
-Yo creo que estamos bien, sin perjuicio
de que el próximo gobierno pueda explo-
rar nuevas formas de contribuir a través
de la ley. Lo que sucede en la Argentina es
que se necesita aplicar las normas en
forma efectiva y aceitar los mecanismos de
inteligencia, que en el sistema antilavado
son muy importantes. Hemos tenido, en
los últimos años, experiencias resonantes,
como el caso de Lázaro Báez, en las que ha
quedado evidenciada la manipulación
política de instituciones como la UIF
(Unidad de Investigación Financiera) o el
Banco Central. Esto es clave para saber si
se están encubriendo maniobras o bien se
pretende perseguir a contrincantes políti-
cos, que es lo que debe terminar de una
vez.
-A fines de 2012, se creó la Procuraduría
de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos (Procelac). ¿Qué balance hace
usted de su funcionamiento?
-Desde mi punto de vista, el balance es
negativo. La Procelac forma de parte de
una serie de organismos que ha creado la
gestión de la procuradora Alejandra Gils
Carbó, que están absolutamente politiza-
dos. En este cambio de gobierno, estamos
viendo la discusión que hay sobre la con-
tinuidad de Gils Carbó y su actitud de ser
una “procuradora militante”. Dentro de
ese esquema, la Procelac es el paradigma;
allí se designó un fiscal general (Carlos
Gonella) que era un fiscal subrogante
(ante los Tribunales Orales en lo
Criminal Federal de Córdoba) cuando
asumió. Es decir, la procuradora Gils
Carbó no cumplió ni siquiera la propia
resolución que había dictado. Y el debut
desgraciado de la Procelac fue favorecien-
do a Lázaro Báez. Después pidió que se
declarara ilegal el dólar “contado con
liqui”
(NdR: la Corte Suprema rechazó el
recurso de la Procelac contra esa modalidad
de compra de dólares)
, sorprendiendo a los
economistas y conocedores del tema.
-En el Workshop, se habló también de la
formación de los magistrados para com-
batir este tipo de delitos y de la ausencia
de un cuerpo de auxiliares de la Justicia.
¿Cree que se podría avanzar en algunos
cambios en ese sentido?
-Hay que promover acciones de capacita-
ción. Entiendo que el ministro de Justicia,
Germán Garavano, va a poner el acento
en este tema porque es una de sus especia-
lidades. Creo además que, en el marco de
un Código (Procesal Penal) acusatorio
que va a regir para la Justicia Nacional y
Federal, sería importante que el
Ministerio Público –que será el encargado
de la investigación– cuente con cuerpos
especializados propios y con una Policía
Judicial, que es un reclamo generalizado.
En diálogo con DEF, el doctor Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, analizó las falencias y cuentas
pendientes del sistema antilavado de activos en nuestro país.
Por M.R. / Fotos: F.C.
Sistema antilavado en Argentina
“El balance es negativo”
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